La Justicia decidió que todas las causas por los créditos del Banco Nación a funcionarios queden en manos de la jueza Capuchetti

La Cámara Federal de Buenos Aires resolvió que el Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, continúe interviniendo en todas las causas relacionadas con los millonarios créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios nacionales. Esta decisión pone fin a una disputa de competencia que mantenía con el Juzgado Federal N° 4, dirigido por Ariel Lijo.

La Justicia decidió que todas las causas por los créditos del Banco Nación a funcionarios queden en manos de la jueza Capuchetti

El fallo, firmado por el camarista Eduardo Farah, establece que las distintas denuncias presentadas investigan «los aspectos fácticos de un mismo suceso» y, por tanto, corresponde aplicar las reglas de conexidad previstas en la Acordada 4/2017 de la Cámara Federal. En consecuencia, todas las causas sobre este tema deberán quedar radicadas en el juzgado que recibió la primera «denuncia válida», es decir, el expediente 1364/2026 que tramita en el Juzgado Federal 5.

Farah detalló que las cuatro denuncias fueron enviadas por correo electrónico entre el 2 y el 13 de abril, y enumeró a sus autores: Daniel Sarwer, Mónica Frade, Alejandro Díaz Pascual y Fernando Míguez. La denuncia inicial ingresó el 2 de abril por la mañana y quedó asignada al Juzgado Federal 4, a cargo de Lijo. Posteriormente, ese mismo día, cerca de las 18 horas, la diputada nacional Mónica Frade, integrante de la Coalición Cívica, presentó otra denuncia que fue derivada al juzgado de Capuchetti.

Sin embargo, Farah sostuvo que, aunque los criterios de la acordada indicarían que las causas debían quedar bajo la competencia de Lijo, la primera denuncia, presentada por Sarwer, no cumplía con los requisitos mínimos para avanzar, ya que carecía de “un mínimo de lógica, no exclusivamente jurídica”. Además, señaló que dicho escrito no fue subsanado mediante ratificación o acto equivalente. Por ello, la competencia recae en la primera denuncia válida, la presentada por Frade.

En su presentación, Mónica Frade solicitó una investigación judicial para determinar si existieron irregularidades que pudieran configurar delitos como tráfico de influencias y administración fraudulenta. La denuncia se generó luego de hacerse público el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del Banco Nación a integrantes del equipo económico del gobierno de Javier Milei y a legisladores de La Libertad Avanza, que recibieron préstamos por montos equivalentes de hasta 350.000 dólares.

Frade advirtió que varios de los créditos otorgados no se correspondían con los ingresos declarados por sus beneficiarios y cuestionó que el Banco Nación evaluara adecuadamente la capacidad de repago de los solicitantes. “El Banco otorga una financiación que, de antemano, sabe que entrará en mora”, afirmó.

La diputada señaló además que es necesario que la Justicia determine si los créditos hipotecarios fueron otorgados aplicando estrictamente el manual interno del Banco Nación o si se flexibilizaron los requisitos que se exigen a la ciudadanía en general.

Entre los funcionarios que obtuvieron estos préstamos se encuentran miembros del equipo económico. Los dos créditos más altos fueron para Juan Pedro Inchauspe, integrante del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), ambos por montos equivalentes a unos 350.000 dólares en el momento de la adjudicación. Inchauspe recibió un crédito por 510 millones de pesos en diciembre pasado, mientras que Núñez obtuvo uno por 373 millones en febrero del año anterior.

En la denuncia, Frade también mencionó que otros beneficiados fueron Juan Pablo Carreira, responsable de las milicias digitales y de la Oficina de Respuesta Oficial (113 millones de pesos); Pedro Inchauspe (510 millones de pesos); Felipe Núñez (510 millones de pesos); Federico Furiase, secretario de Finanzas (376 millones de pesos); Emiliano José Mongilardi, director de YPF (309 millones de pesos); así como los diputados Mariano Campero, Santiago Santurio (340 millones de pesos en julio de 2025), Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni.

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