Uno de cada cuatro quejas en Defensa al Consumidor de Ciudad fueron por servicios declarados públicos por Alberto Fernández. Lo mismo ocurrió en 2019 y 2019.
De enero a diciembre de 2019, Defensa al Consumidor de la Ciudad recibió 21.591 denuncias, 15.604 generaron audiencias de conciliación entre consumidores y empresas, en tanto 3968 promovieron inspecciones en comercios. En total 7 de cada 10 denuncias con audiencias resultaron exitosas para los consumidores. Del total de reclamos, uno de cada cuatro fueron por los telefonía, Internet y TV Paga, rubros declarados servicios públicos por un DNU que firmó en la víspera el presidente Alberto Fernández.
El ranking de denuncias de 2019 estuvo encabezado por los servicios de telecomunicaciones que agruparon 3807 denuncias , un 25.2% del total . Televisión por cable, telefonía e Internet fueron los más demandados dentro de este segmento. Los vecinos denuncian el incumplimiento parcial o total del servicio y la falta de información, como principales problemáticas. Le siguen la imposibilidad de dar de baja el servicio, y el incumplimiento de ofertas y promociones en cuarto lugar.
En 2018, según la Dirección Nacional de Defensa del Consumido, los servicios de comunicaciones (televisión por cable, satelital, internet y telefonía fija y móvil) lideraron el ranking de quejas de usuarios también con el 25% de los reclamos, al igual que en 2017. Por entonces fueron seguidos por los servicios financieros y seguros (tarjetas de crédito, seguros, cajas de ahorro, préstamos personales y tarjetas de descuentos, entre otros) con el 18%.
El Gobierno declaró hoy, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió “cualquier aumento de precios o modificación de los mismos” hasta el 31 de diciembre.
La medida, que el presidente Alberto Fernández había adelantado más temprano a través de Twitter, fue dispuesta mediante un DNU publicado este sábado en el Boletín Oficial.
En los considerandos, la disposición remarca que, durante la gestión de Cambiemos, “mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.
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