El fiscal general, Diego Luciani calificó al caso Vialidad como uno de los “más graves de corrupción pública de nuestro país”, en el marco de la Jornada por el Día Internacional Anticorrupción en materia de Lavado de Activos y Crimen Organizado, que se realizó en Quito. Durante el encuentro adelantó que irá por más bienes de Cristina Kirchner y dijo que “no hay sentencias ejemplares si no se recuperan los activos que fueron desapoderados”, expuso.

Además, destacó el rol de la Justicia y dijo que fue la que impidió que la ex presidenta «se refugiara en los fueros que la política corrupta le había brindado todo este tiempo”
Con la atención de sus pares de otros países y en una jornada que tenía como temática central la lucha contra la corrupción, se volvió a escuchar la voz del fiscal Diego Luciani que intervino en el juicio de Vialidad.
Amenazas, espionaje, presiones, intentos de colonización de la justicia, son parte de los detalles que contó y que sufrió junto a su equipo mientras Cristina Kirchner ejercía la vicepresidencia del país y en simultáneo, estaba sentada en el banquillo de los acusados.
En ese marco habló del proceso que derivó en la primera condena por corrupción contra la ex Presidenta y contó ante otros fiscales que uno de los desafíos mayores fue lo que calificó como la “resistencia del poder al ser juzgado”, fue en ese marco que recordó que el juicio se desarrolló “Cristina Kirchner se desempañaba como vicepresidenta de la Nación, con todo un poder del Estado a su favor y en contra de los fiscales”.
Al continuar en esa misma línea de análisis, el fiscal Diego Luciani dijo que “el sistema corrupto se resiste a ser juzgado a través de presiones sutiles (allegados, lobistas abogados), otras brutales como intromisiones del poder político, agravios, amenazas y hasta espionajes impensados en democracia”. Y dijo que todo eso fue lo que sufrió junto a su equipo durante el debate.
Recordó que el gobierno integrado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner emprendió un marcado camino de “intento de colonización de la Justicia a través de una reforma de la Justicia federal para nombrar jueces adeptos de manera discrecional; reforma de la ley del MPF para nombrar a un procurador por una mayoría simple, sin consensos políticos; proyecto para aumentar los representantes políticos (2 a 4) en el tribunal de enjuiciamiento del MPF”.
Incluso, consignó Luciani, se creó una “Comisión para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema y del MPF, encabezada por el abogado que defendía a la expresidenta ¡algo grotesco!”.
En esta instancia del proceso, donde desde junio del corriente año se dio cumplimiento efectivo a la sentencia condenatoria tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal Diego Luciani consideró que el “límite a la corrupción lo pusieron la justicia y el Congreso de la Nación”.
Al seguir con ese análisis, realizó la siguiente comparación: “Eso evitó la situación institucional de Venezuela, donde no hay justicia —pues se colonizó—, o la de México, con una reforma judicial aberrante que avasalla la independencia de la Justicia”.
Dando relevancia al juicio oral y público que tuvo a su cargo el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la instancia del debate que se realizó mayoritariamente de forma presencial, permitió que “la sociedad conozca de manera directa y sencilla la red de corrupción. Aprovechamos las herramientas tecnológicas para hablarle a la sociedad. Lo hicimos en un lenguaje claro, simple que permitió exhibir gráficos, fotos, documentación, mensajes”.
Mientras el argumento reiterado de Cristina Kirchner desde junio cuando se ordenó su arresto domiciliario es que se convirtió en una “presa política”, el fiscal Luciani enfatizó que a lo largo del caso -desde su etapa en instrucción- “más de 20 magistrados intervinieron en este caso emblemático de corrupción” y que el máximo tribunal “en un fallo histórico, inédito para nuestro país, dejó firme la sentencia de 6 años de prisión y el decomiso de más de 500 millones de dólares”.
Ese fallo que derivó en la prisión domiciliaria de la ex Presidenta de la Nación, se constituyó para el fiscal, en un “antes y un después en materia de corrupción en nuestro país. Es un hito esperanzador en materia de corrupción”.
Fue cuando le indicó a los presentes en el encuentro que los condenados en el caso Vialidad “están cumpliendo su pena en prisión, incluida Cristina Kirchner”.
Hizo énfasis en un concepto central y consideró que la justicia fue la que “impidió que la ex presidenta se refugiara en los fueros que la política corrupta le había brindado todo este tiempo”.
La importancia del juicio
Dando relevancia al juicio oral y público que tuvo a su cargo el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la instancia del debate que se realizó mayoritariamente de forma presencial, permitió que “la sociedad conozca de manera directa y sencilla la red de corrupción. Aprovechamos las herramientas tecnológicas para hablarle a la sociedad. Lo hicimos en un lenguaje claro, simple que permitió exhibir gráficos, fotos, documentación, mensajes”.
¿Cuál fue la motivación de esa maniobra? Se preguntó de forma retórica el fiscal, y volcó el siguiente concepto: “la amistad entre Lázaro Báez y los expresidentes; más de 18 operaciones comerciales entre LB y los expresidentes, mientras le otorgaban millones de dólares”. Fue allí cuando retomó algo escrito por el TOF 2: “Existieron relaciones promiscuas entre Cristina Kirchner, Lázaro Báez”.v
Todo devino en un enorme perjuicio que se graficó en números: “Un perjuicio de más de USD 1000 millones: Lázaro Báez adquirió, en 12 años, más de 415.000 hectáreas en tierras que equivalen a 20 Ciudades Autónomas de Buenos Aires” y lo llevó a un ejemplo local, “o casi 12 ciudades de Quito”. Siguió con el detalle; más de 400 inmuebles (estancias, deptos., hoteles, etc.); 1000 bienes muebles (aviones, autos, maquinaria, etc.); 55 millones de dólares fugados al exterior”.
Decomisar más bienes de Cristina Kirchner
Después ahondó en la decisión más reciente del TOF 2 que ejecuta la pena del caso Vialidad. Relató el fiscal Luciani que se pidió desde el Ministerio Público el decomiso de más de 150 bienes inmuebles a nombre de los condenados, sus familiares, personas jurídicas intermediarias y allegados. El 18 de noviembre pasado, el Tribunal ordenó el decomiso de 120 inmuebles en todo el país, “es el decomiso más importante de la historia de nuestro país por un caso de gran corrupción”, enfatizó.
Adelantó en este sentido y es que la fiscalía trabaja -como contó Clarín- en una segunda, tercera y cuarta etapa de decomisos de bienes hasta cubrir la cifra de 685.000 millons de pesos: “Además, localizamos otros bienes muebles e inmuebles, hoteles, etc., cuyo decomiso vamos a pedir para recuperar la suma desapoderada y para que ahora sí tenga un fin social, real y palpable”.
La fiscalía entiende que “no hay sentencias ejemplares si no se recuperan los activos que fueron desapoderados”. Se remitió a las palabras de su alegato: “Dijimos una frase cargada de sentido: “es corrupción o justicia” Estamos viendo que, en nuestro ámbito, es justicia”:
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