«Argentina salda otra deuda histórica»: Sturzenegger destacó el nuevo protocolo para fiscalizar semillas y pidió que ahora el «sector privado recoja el guante»

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró hoy la oficialización de un nuevo protocolo para la fiscalización de nuevas variedades de semillas autógamas, como trigo y soja. Según señaló, con esta medida Argentina salda una «deuda histórica» en la protección de la propiedad intelectual y avanza para «llegar a la frontera tecnológica en la producción agrícola».

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, Sturzenegger, uno de los impulsores de la iniciativa, indicó que la falta de respeto al «derecho a la propiedad de las semillas» retrasó al país en la calidad de insumos utilizados por sus productores. Citó, por ejemplo, los rendimientos del algodón en Argentina en comparación con Brasil. Asimismo, afirmó que la productividad de la soja argentina crece a la mitad de la velocidad mundial desde hace décadas, situación similar en trigo, tabaco y otros cultivos.

El funcionario sostuvo que “hace años que Argentina da vueltas a este problema de mejorar su pool de semillas sin poder encontrar la forma”. Subrayó que la Ley de Semillas 20.247 no era un obstáculo, ya que establece claramente el derecho de propiedad, pero que el Instituto Nacional de Semillas (Inase) carecía de capacidad y voluntad para fiscalizar.

Además, señaló que el Estado, a través del Inase, imponía a la cadena formal de semillas numerosos controles y sobrecostos, mientras el mercado ilegal, conocido como “bolsa blanca”, funcionaba sin inconvenientes. También criticó la falta de diálogo directo con las entidades gremiales del campo y la industria semillera, lo que calificó como una “parálisis de 30 años”.

Sobre este punto, explicó que las entidades rurales estaban centradas en el tema de las retenciones —un asunto que les resulta políticamente rentable— y no mostraban disposición para abordar un tema que podría aumentar la producción agrícola entre un 20% y un 100%. Por su parte, los semilleros reclamaban el reconocimiento pleno de la propiedad intelectual de todas las semillas, lo que impedía avanzar en un consenso.

Sturzenegger destacó que el presidente Javier Milei le encomendó resolver esta problemática «sin que ningún productor se vea afectado». En respuesta, el Gobierno decidió delegar el control al sector privado, confiando en acopios, exportadores y cámaras arbitrales, que ya llevan adelante esta tarea con eficiencia.

“El sistema prevé que, cuando se detecte un cargamento sin el pago correspondiente por la propiedad intelectual, los involucrados deberán resolverlo entre ellos —el dueño de la semilla y el productor—. Solo en caso de desacuerdo podrá intervenir el Inase como tribunal de alzada. Por ahora, esta supervisión se aplicará exclusivamente a semillas registradas a partir de esta resolución”, explicó el ministro.

Finalmente, subrayó la necesidad de que «el sector privado recoja el guante» para implementar la norma, que según estimaciones podría aumentar las exportaciones agropecuarias en al menos 4.000 millones de dólares. “No sabemos la ganancia potencial exacta, pero en un mundo con tanto cambio tecnológico, quedarse atrás no es una opción. Contamos con empresas líderes en el sector que deben permanecer en el país. Esta es otra gran reforma estructural que avanza”, concluyó.

La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial mediante la resolución conjunta 03/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Establece que el muestreo abarcará la totalidad de las entregas efectuadas por agricultores en especies que cuenten con un método de identificación varietal aprobado por el organismo.

El nuevo modelo indica que en el primer punto de entrega del grano —por ejemplo, un acopio— se tomarán muestras para analizar no solo calidad y humedad, sino también para identificar la variedad utilizada.

Las muestras podrán ser analizadas únicamente por las cámaras arbitrales o entidades privadas que hayan suscripto convenios o estén habilitadas por el Inase para identificar variedades vegetales. El análisis de identidad varietal deberá realizarse mediante métodos reconocidos por el Inase. La porción analizada y la muestra de respaldo deberán conservarse en un sobre rotulado y cerrado durante 60 días desde la emisión del certificado de análisis.

Además, las entidades autorizadas deberán remitir los resultados de los análisis inmediatamente al titular de la variedad, registrado en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, y a título informativo, al titular de la muestra analizada. Con esta información, el titular de la variedad podrá denunciar al Inase dentro de los días corridos estipulados desde la emisión del certificado, solicitando la remisión de la muestra de respaldo para continuar el proceso.

Esta acción suspende el plazo de conservación de la muestra y da inicio a las acciones sumarias que el Inase considere pertinentes. Según el Ministerio de Agricultura, el objetivo del nuevo esquema es garantizar el correcto uso de las variedades protegidas, fomentar la transparencia en el mercado de semillas, proteger los derechos de los obtentores y promover la inversión en el desarrollo de nuevas variedades para incrementar la productividad del sector agroindustrial.

Cabe destacar que este protocolo se aplicará únicamente a los nuevos cultivares inscritos en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y en el Registro Nacional de Cultivares a partir de la publicación de esta resolución.