Argentina busca reducir la calificación de riesgo que le asignó la Unión Europea

Funcionarios nacionales, legisladores y representantes de la producción y la exportación se reunieron el 18 de noviembre para analizar el impacto del Reglamento 1115 de la Unión Europea. El encuentro, organizado por la Fundación Barbechando, expuso un acuerdo entre sectores públicos y privados para gestionar una rebaja de la categoría de riesgo asignada a la Argentina. Los participantes plantearon que la normativa puede afectar el acceso al mercado europeo de productos vinculados con la ganadería bovina y la soja.

Argentina busca reducir la calificación de riesgo que le asignó la Unión Europea
Representantes del sector público, el agro y distintos bloques legislativos analizaron las exigencias ambientales europeas para las exportaciones.

La regulación establece que, a partir del 30 de diciembre de 2026, los operadores medianos y grandes que exporten a la UE productos derivados de esas actividades deberán presentar pruebas verificables de legalidad y trazabilidad ambiental. Entre las condiciones, tendrán que acreditar que la producción no se realizó en terrenos deforestados después del 31 de diciembre de 2020.

La Comisión Europea ubicó a la Argentina en la categoría de riesgo estándar, mientras que Estados Unidos, Canadá y Uruguay recibieron una clasificación de riesgo bajo. Esa diferencia preocupa a los sectores participantes por su posible efecto sobre la competitividad. En la reunión se describió la normativa como una medida unilateral y se indicó que siguen las gestiones para que el país alcance la categoría de riesgo insignificante.

Durante la jornada también se mencionaron plataformas existentes para gestionar las salvaguardas ambientales y se las presentó como una posible oportunidad comercial. A la vez, se advirtió que quienes producen sin estar inscriptos, o cuya inscripción fue rechazada, pueden recibir un menor valor por sus productos. Legisladores llevaron inquietudes de productores de distintas provincias y señalaron que las bajas de precios perjudican al sector y pueden incentivar un mercado paralelo. Otro asunto planteado fue la necesidad de revisar y articular aspectos de la Ley de Bosques.

El encuentro reunió a representantes de distintas fuerzas políticas y entidades del agro, entre ellos funcionarios de Agricultura y Cancillería y referentes de las cadenas de granos y carnes. Los legisladores coincidieron en acompañar al sector productivo y en la urgencia de modificar el estatus asignado al país. La reunión no anunció un cambio ya concretado: la reducción de la calificación continúa como una gestión ante las autoridades europeas.

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