El fiscal pidió mandar a juicio oral al financista Elías Piccirillo por delitos que tienen un piso de 13 años de prisión

El fiscal federal Franco Picardi solicitó este viernes al juez Ariel Lijo la elevación a juicio oral del financista Elías David Piccirillo en la causa por haber plantado droga y un arma a su exsocio Francisco Hauque. Piccirillo, último esposo de Jesica Cirio tras su divorcio del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, está involucrado en un cruce de acusaciones relacionadas con videos de Cirio contando dólares en la mansión de San Vicente de Insaurralde.

El fiscal pidió mandar a juicio oral al financista Elías Piccirillo por delitos que tienen un piso de 13 años de prisión

Además, Picardi pidió que sean llevados a juicio oral el ex policía Carlos «el Lobo» Smith, Iván Carlos Helguero, Facundo Adrián Ybarra, Leonardo Ariel Tedone, Erika Luciana Arias, Víctor Adrián Alvarenga Duarte, Héctor Javier Saavedra y Eliana Guadalupe Britos.

Smith se convirtió en arrepentido y reveló que financieras vinculadas a Piccirillo mantenían negociaciones con funcionarios del Banco Central durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner para maniobras con el dólar oficial en el mercado paralelo, aunque esta cuestión corresponde a otra causa. Piccirillo también está investigado por maniobras relacionadas con el cepo cambiario vigente durante ese período.

Los nueve imputados están acusados de haber participado, con distintos roles, en la organización de un operativo policial falso para detener ilegalmente a Francisco Hauque y a su pareja, Anahí Aquino Laprida, según informaron fuentes judiciales a Clarín.

Por otro lado, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa de Martín Insaurralde para excluir los videos de Jesica Cirio contando dólares del expediente. En paralelo, Sofía Clerici, quien estuvo involucrada en el “Yategate” con Insaurralde en 2023, anunció en redes sociales que está embarazada.

La fiscalía atribuyó distintas figuras penales según la participación de cada implicado. Piccirillo, Smith y Helguero enfrentan cargos como coautores de privación ilegítima de la libertad con fines coactivos, agravada por la intervención de tres o más personas y por el uso de estupefacientes para cometer el delito; tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento agravado. Asimismo, Piccirillo es acusado por portación ilegítima de arma de fuego de guerra.

Piccirillo y Smith también deben responder por cohecho activo; Helguero, en cambio, enfrenta cargos por cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y, como instigador, falsedad ideológica de documento público agravada y falso testimonio agravado. Ybarra, Tedone, Arias, Alvarenga Duarte, Saavedra y Britos están imputados como coautores de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones e incumplimiento de deberes. Ybarra y Tedone enfrentan además cargos por falsedad ideológica agravada y falso testimonio agravado en relación con las actas y declaraciones que sostuvieron la versión del hallazgo casual.

Con estas calificaciones legales, la pena mínima aplicable a Piccirillo, Helguero y Smith es de 13 años y 4 meses de prisión: los 10 años previstos como mínimo para la privación ilegítima de la libertad con fines coactivos agravada se incrementan en un tercio por el uso de estupefacientes para ejecutar el delito. Este mínimo podría ser reducido para Smith, quien se acogió al régimen de imputado colaborador.

La fiscalía solicitó correr traslado a las querellas y a las defensas, cerrar la instrucción y elevar la causa a juicio oral y público respecto de los nueve procesados. De manera paralela, pidió que continúe una investigación separada sobre la posible participación del subcomisario Ezequiel Querejeta, presente durante el operativo, de Martín Migueles, allegado a Piccirillo con contactos telefónicos con Helguero y Smith, y de otras personas que podrían haber intervenido en la maniobra.

Según la acusación, la noche del 17 de enero de 2025, Piccirillo colocó en el vehículo que compartía con Hauque una pistola calibre 9 milímetros con pedido de secuestro por robo y dos paquetes de cocaína de altísima pureza (92%), con un peso total de 1,262 kilogramos. Horas después, en la madrugada del 18 de enero, policías vestidos de civil interceptaron el vehículo en la intersección de la avenida Alvear y calle Libertad bajo un falso pretexto, y presentaron el arma y la droga, lo que llevó a la detención de Hauque y Aquino Laprida. La investigación indica que Piccirillo pagó en efectivo más de 51.000 dólares para garantizar el operativo, de los cuales al menos 25.000 dólares fueron sobornos al entonces comisario Iván Carlos Helguero, jefe de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad.

Piccirillo mantenía con Hauque una deuda de aproximadamente 6.000 millones de pesos. Motivado por este conflicto y por el temor a que se hiciera público, ideó, financió y dirigió el plan para provocar la detención de su exsocio y su pareja. Para ello, recurrió a Carlos Sebastián Smith, señalado por la fiscalía como el organizador operativo. Smith convocó a Helguero, quien incorporó al plan a seis efectivos más: Facundo Adrián Ybarra, Leonardo Ariel Tedone, Erika Luciana Arias, Víctor

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