La cantidad de femicidios bajó el año pasado, pero cada 44 horas matan a una mujer

Mientras continúa la investigación por el caso de Agostina Vega, la joven de 14 años asesinada y descuartizada en un descampado de Córdoba, con datos preliminares que indican que antes fue víctima de abuso, la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer sus cifras oficiales sobre femicidios. Según el informe, en 2025 se registraron 200 femicidios, lo que representa una disminución respecto a los 228 casos contabilizados en 2024.

Esta cifra fue destacada en medio de la convocatoria realizada por organizaciones feministas a una movilización de #NiUnaMenos frente al Congreso, con la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, en el marco del undécimo aniversario del primer encuentro nacional.

Además, el número de femicidios en 2025 es inferior también al de 2023, cuando se contabilizaron 250 casos, cifra que había constituido un aumento importante en comparación con 2022 y 2021, años en los que se registraron 226 y 231 femicidios, respectivamente.

El informe detalla que en promedio, en el país, una mujer fue víctima directa de femicidio cada 44 horas durante 2025, mientras que la violencia letal de género —que incluye también el femicidio vinculado— afectó a una persona cada 40 horas.

La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de casos, con 78 víctimas, equivalentes al 39% del total nacional. En cuanto a las tasas por cada 100.000 mujeres, las más elevadas se observaron en Chaco (1,80), Misiones (1,77) y Neuquén (1,69). El informe aclara que, aunque algunas jurisdicciones tengan pocos casos absolutos, sus tasas resultan elevadas debido a su menor población. Cabe destacar que tres provincias no registraron femicidios en 2025: Corrientes, La Pampa y San Juan.

Aunque hubo una reducción del 12,3% en las víctimas directas, al pasar de 228 en 2024 a 200 en 2025, esta variación se explica por una disminución conjunta de 51 casos en varias jurisdicciones, que fue parcialmente compensada por el aumento en otras. Entre las provincias que registraron menos casos están Buenos Aires (20 menos), Córdoba (7 menos), Corrientes (5 menos), Entre Ríos (5 menos), Salta (5 menos), Santiago del Estero (4 menos), Chubut (3 menos), La Pampa (1 menos) y San Juan (1 menos).

En contraste, Misiones (6 casos más), Mendoza (4 más), Santa Fe (4 más) y Neuquén (3 más) presentaron aumentos. También hubo un caso más en Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Río Negro, San Luis y Tucumán, las cifras se mantuvieron estables.

En al menos el 83% de los casos, la víctima tenía un vínculo previo con el agresor: en el 59% de los casos eran parejas, ex parejas o mantenían otro tipo de relación sexo-afectiva; en el 11% eran familiares; y en el 13% tenían otro tipo de vínculo. Solo en el 7% de los casos, el agresor era desconocido.

El 88% de los femicidios sucedieron en zonas urbanas y el 12% en rurales. Por edades, el grupo más afectado fue el de mujeres entre 25 y 34 años (24%), seguido por el de 35 a 44 años (22%). Las niñas de hasta 12 años representaron un 2% y las adolescentes de 13 a 17 años un 4% del total. En el extremo opuesto, el 16% de las víctimas tenía 60 años o más.

El descenso en la cantidad de femicidios contrasta con un aumento en las denuncias por violencia que recibió la Corte Suprema en 2025. Su Oficina de Violencia Doméstica (OVD) registró 5.076 denuncias el año pasado, cifra superior a las 5.004 de 2024 pero inferior a las 5.400 de 2023. El pico histórico se alcanzó en 2015 con 7.457 casos. Desde 2008, la OVD ha evaluado 107.417 situaciones de mujeres que denunciaron a sus parejas o exparejas en la Ciudad de Buenos Aires. En estos casos, realizó 105.933 derivaciones a la Justicia civil y 85.191 a la Justicia penal, un promedio de 28 derivaciones diarias. La oficina atiende las 24 horas, los 365 días del año, y en lo que va de 2026 ha recibido 2.118 denuncias.

Los equipos interdisciplinarios de la OVD recogen los relatos de las personas afectadas, evalúan cada situación y elaboran informes de riesgo que son enviados a la Justicia para la adopción de las medidas correspondientes. Además, cuentan con personal médico que constata lesiones, confecciona informes y realiza las derivaciones médicas pertinentes.